La “Declaración de Lisboa” fue apoyada también desde el sector privado -DigitalES se adhirió ese mismo día-, forjando una auténtica Alianza en torno a cómo abordar la revolución digital. La estrategia europea para el ámbito digital, por tanto, se apoya en un espíritu de consenso y colaboración al que ya miran desde otras regiones del mundo.

La regulación del entorno digital no es un asunto baladí. Se trata de encontrar el mejor equilibrio entre la innovación, la libre competencia y la salvaguarda de los derechos fundamentales, en un contexto donde la fortaleza tecnológica se ha convertido de facto en un factor geoestratégico fundamental. A estas alturas, a nadie se le escapa que la digitalización genera externalidades positivas, pero también negativas, sobre las brechas socioeconómicas preexistentes. Fomentar las primeras, al tiempo que controlamos las segundas, es lo que está en juego.

En todo este contexto, después de muchos meses de negociación en los trílogos, ven la luz los reglamentos Digital Markets Act(DMA) y Digital Services Act (DSA), cuya entrada en vigor efectiva tendrá lugar a lo largo de 2023. DMA y DSA ya están aquí y es una buena noticia, tanto para la ciudadanía en Europa como para todos los negocios que operan dentro de nuestras fronteras y que comparten y promulgan los valores y principios de nuestro continente.

DMA y DSA son los textos que, junto con el reglamento de Inteligencia Artificial y la Ley europea de Datos, compondrán el marco para la Europa digital de la próxima década. Concretamente, DMA y DSA establecen los límites de la actividad empresarial digital, sobre la base de un principio de level playing field y con un doble propósito: proteger la democracia y reforzar la autonomía tecnológica abierta en la UE.

Me gustaría detenerme brevemente en los tres conceptos que acabo de mencionar:

El primero es el level playing field, que ambiciona establecer unas condiciones de mercado más equitativas y justas. Se trata de que, a igualdad de actividad económica, cualquier empresa esté sujeta a unas mismas condiciones. De este modo, se evitan posibles distorsiones del mercado y se favorece la competitividad. Level playing field es, por tanto, una aspiración para cualquier sector de actividad y que se vuelve más urgente en el marco de los cambios exponenciales que trae la digitalización.

En segundo lugar, la democracia digital es un concepto quizá algo etéreo, si bien reconoce la existencia de riesgos en torno a las burbujas de opinión o al alcance exponencial de la desinformación a través de los canales digitales. La sobreinformación en Internet no garantiza, per se, la calidad de la información que consumen los usuarios. Dada la influencia social y económica que han alcanzado algunas plataformas online, es lógico esperar de ellas la máxima transparencia posible, así como obligaciones que velen por el sano desarrollo de nuestras democracias.

Por último, ganar autonomía tecnológica debe ser una prioridad para Europa. Paradójicamente, para conseguir este objetivo no debemos sucumbir al proteccionismo, sino tender puentes con aquellos socios de cuyas proposiciones de valor se alineen con los valores europeos, independientemente del lugar donde tengan sus sedes. En un contexto donde la prestación de servicios digitales y las cadenas de suministro son globales, la fortaleza tecnológica estratégica provendrá de un intercambio global abierto, donde las limitaciones no las marquen los mapas, sino el cumplimiento de los mejores estándares normativos que existen. Y esos estándares son los que desarrolla la Unión Europea.

Ahora la pregunta clave es: ¿será Europa capaz de erigirse en el patrón normativo a seguir por otros territorios? Ya ha ocurrido en el pasado, siendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos de 2018 el ejemplo más reciente. Así, pese a que el entorno geoestratégico es sensiblemente más complejo que hace cuatro años, cada vez son más y más fuertes los movimientos políticos alineados con las preocupaciones europeas sobre el humanismo tecnológico, en todos los rincones del mundo. Por otra parte, los miembros de la Unión Europea tienen una ventaja significativa a largo plazo en la libertad de circulación de personas y capitales a través de sus fronteras, así como su regulación común y su clima de inversión cada vez más atractivo en términos de previsibilidad.

Por todo lo anterior, la reciente aprobación de DMA y DSA es una buena señal. En los próximos años, Europa está llamada a convertirse en un actor muy relevante de la revolución digital: el garante de un desarrollo digital con valores. El avance en propuestas legislativas como las recién aprobadas hace que Europa siga sentando unas bases más que necesarias para un terreno de juego digital ético y equilibrado.

Por Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES