Hoy conmemoramos el Día de Europa . En este artículo, el director general de DigitalES, Víctor Calvo-Sotelo, ensalza la contribución de la UE a las infraestructuras digitales en España y aplaude los esfuerzos regulatorios a nivel comunitario.

Fuente: El Español – Disruptores e Innovadores

 

Hoy, 9 de mayo, se celebra el Día de Europa. Perfecta ocasión para ensalzar y proponer un europeísmo consciente, que nos encamine a un verdadero Mercado Único Digital.

Permítame el lector remontarme a 1986. Ese fue el primer año en que España participó de los fondos europeos FEDER, concediendo inversiones millonarias para carreteras de alta capacidad, ferrocarril, centrales hidráulicas y tantas otras infraestructuras “analógicas” de obra pública. Después llegarían el FSE y el Fondo de Cohesión. Juntos, estos instrumentos aportaron a España 240.459 millones de euros en fondos estructurales de la UE entre 1986 y 2000.

La entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE) catapultó a España desde una dotación infraestructural del 60% sobre la media europea, inferior a la comparable en renta económica, hasta el 100%. España pronto se consideró un espejo al que mirar en lo relativo a la ejecución de fondos comunitarios. No hay que olvidar que existía la llamada “reserva de eficacia”, que aumentaba la dotación a los países más eficaces -como España- a costa de los menos eficaces.

Gracias a la solidaridad europea, y al amparo de los Pactos de la Moncloa de 1977, en los ochenta se culminó la terciarización de nuestra economía, se instauró el Estado del Bienestar y se avanzó hacia la definitiva convergencia de la economía española con nuestro entorno europeo.

En paralelo, se germinaba una revolución de las infraestructuras “digitales” -en contraposición con las “analógicas” mencionadas antes-, en la que España también conseguiría ostentar un papel relevante. El primer teléfono móvil del mercado, el Motorola Dynatac 8000x, había salido a la venta en 1983. Resultaba difícil imaginar que España conseguiría tener una de las mayores penetraciones de teléfonos móviles del mundo, por encima del 100%.

En 1986, Telefónica -entonces estatal- lanzaba Ibertex. Esta aplicación permitía conectar un televisor a la línea telefónica y consultar información en tiempo real. La tecnología videotex nos invitó a soñar con un futuro donde podríamos trabajar, hacer la compra o compartir conocimiento en remoto, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Sin embargo, era imposible vislumbrar que España desplegaría una de las redes de telecomunicaciones más robustas, densas y de mayor calidad del planeta.

Nuevamente, la solidaridad europea lo hizo posible. Los planes estatales de impulso a los despliegues de redes, con incontrovertibles resultados, se han beneficiado también de fondos FEDER.

Hoy, en un contexto donde confluyen la Cuarta Revolución Industrial, la crisis económica agravada por la guerra de Ucrania y la definición de un nuevo orden mundial vinculado con la autonomía tecnológica de los territorios, nos volvemos a encomendar a la solidaridad europea. El vehículo Next Generation EU nos da la oportunidad de repetir los éxitos de la segunda mitad de la década de los ochenta, pero esta vez con las infraestructuras “digitales”.

La regulación, nuestro valor diferencial

La fortaleza en el entorno digital no puede alcanzarse en solitario. La digitalización es intrínsecamente bidireccional, interrelacional. Además, los efectos de red conceden una ventaja a los servicios digitales de mayor tamaño y mejor interconectados. Por eso, el éxito de la transformación digital de España prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia depende de su propia contribución a la transformación digital de toda Europa. El aclamado Mercado Único Digital no puede ser una simple suma de las partes, sino el resultado de una simbiosis perfecta entre los estados miembros.

Dicha simbiosis se fundamentará en una armonización regulatoria a escala europea. La regulación constituye un rasgo diferencial de nuestro continente y por ello debe representar nuestra mayor ventaja competitiva global.

En este contexto, desde DigitalES insistimos en que España debe procurar la transposición más literal y fiel posible a las normas impulsadas por la UE. También, a sus grandes principios: la protección de los derechos de los ciudadanos y la unidad de condiciones de mercado (“level playing field”).

Me gustaría detenerme en esto último. El desarrollo tecnológico ha vivido un desacoplamiento entre las empresas que asumen el grueso de inversiones en infraestructuras y las empresas que recogen los beneficios de la nueva actividad digital que fluye por esas infraestructuras. Es una actividad distinta a cuantas existían en la economía industrial del siglo pasado, donde el producto que se transacciona ya no es el servicio en sí, sino los datos de los usuarios.

La dimensión y velocidad de esta disrupción quizá explique los profundos desequilibrios que caracterizan la regulación y fiscalización de la economía digital. Como consecuencia de esto, entre otros factores, el sector de telecomunicaciones en España es ya el más deflacionario de Europa. En 2019 (último año antes de la pandemia) vio caer sus ingresos cerca del 9,3%, mientras que su valor añadido crecía un 2,7%, según el INE.

“No pedimos privilegios, sino justicia”

La regulación y el acuerdo internacional han estado ligados al sector de las telecomunicaciones desde siempre. Sin ir más lejos, el primer convenio telegráfico mundial data de 1865. No obstante, los desequilibrios normativos con respecto a algunas plataformas digitales extracomunitarias han lastrado su competitividad en los últimos años. Ni siquiera la solidaridad europea puede, por sí sola, consolidar España como el referente en infraestructuras digitales al que miren otros países.

Como decía recientemente un alto ejecutivo del sector, «no pedimos privilegios, sino justicia». En este contexto, la comisaria Vestager ha abierto la puerta a una posible cofinanciación de las redes, que estableciera un marco más sostenible sobre el que apalancar las inversiones.

Sin duda, estudiar una mejor redistribución del CAPEX sobre el que fundamenta la economía digital es de por sí una buena noticia. Las Directivas DSA y DMA, sobre las que el Parlamento ha llegado a un acuerdo recientemente, ayudarán asimismo a crear una Europa digital más fuerte y autónoma, sin abandonar sus valores fundacionales.

Por todo lo anterior, en este Día de Europa, he querido repasar 36 años de pertenencia a la Comunidad Europea reivindicando un europeísmo consciente, que impregne el aún emergente ordenamiento jurídico de la economía digital.

Por Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES