En los últimos tiempos están proliferando las Fake News. Según un estudio de ComScore, durante el confinamiento se generaban en España una media de 253 noticias falsas al día. Algunas de ellas son desacreditadas al instante, pero otras logran hacerse eco en las redes sociales y grupos de WhatsApp, generando confusión entre los ciudadanos.

Tal como explicó José IgnacioTorreblanca, director de la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations, en uno de los ciber-desayunos organizados por Digitales, la falta de controles de calidad hace que surjan campañas que ponen en duda derechos fundamentales de los ciudadanos y que pueden llegar a gozar de cierta credibilidad en la población.

Es el caso, por ejemplo, de algunas desinformaciones sobre la nueva Ley General de Telecomunicaciones, según las cuales el Gobierno podría saber si una persona ha acudido a una manifestación accediendo a la IP de los móviles a través de WhatsApp.

 

El planteamiento resulta del todo incorrecto ya que, para empezar, no hay forma de asociar IP a un usuario concreto.  En las redes se usa una asignación de IPs dinámica, lo que implica que de una conexión a otra varía. La que estamos usando en este momento cuando dejamos de navegar vuelve al pool y el sistema se la puede asignar a otro usuario distinto.

Así pues, el Gobierno no puede identificar a los usuarios por su IP. Además, para rastrear y ubicar a una persona a través de su móvil hay que solicitar una autorización judicial y el anteproyecto de la ley no modifica ese supuesto.

Además, no hay modo alguno de acceder a la IP de un dispositivo mediante el proceso de triangulación. La triangulación sirve para localizar dispositivos (de forma aproximada) que estén conectados a determinadas antenas de telefonía a través de la red móvil, pero no es un proceso exacto.

Para correlacionar un dispositivo con un usuario sería necesario cruzar la información con la base de datos del operador, cosa que no está permitida según la Ley Orgánica de Protección de Datos salvo bajo petición judicial.

WhatsApp para enviar alertas

 

En cuanto al servicio de mensajería WhatsApp, el nuevo proyecto de Ley no contempla la posibilidad de intervenirlo para leer mensajes de los usuarios, sino de usarlo en caso de emergencia nacional. Aún no están definidas las situaciones, pero todo parece indicar que podría emplearse en zonas afectadas por inundaciones, catástrofes naturales o emergencias sanitarias.

Así pues, ningún Gobierno va a hacer seguimiento de las manifestaciones a las que acudamos ni de nuestras actividades privadas, puesto que no es técnicamente factible y además es ilegal. ¿Significa eso que debemos relajarnos del todo con el uso de nuestros dispositivos?

En absoluto, pues si existen aplicaciones malintencionadas que pueden usar o vender nuestros datos. Si tenemos activado el GPS estamos compartiendo nuestros datos de ubicación no con el Gobierno, sino con aquellas apps que instalamos en  nuestro terminal.

Algunas, como Google Maps, necesitan esta ubicación para ofrecer un servicio que a la mayoría nos resulta útil, pero otras pueden ser aplicaciones malintencionadas que, aunque no necesitan esta información, la cogen y comparten para vender datos de usuarios. ¿Qué podemos hacer? Instalar sólo aplicaciones de confianza y revisar cuáles son sus permisos.