En España, uno de los países más polarizados del mundo, es difícil encontrar consenso en un buen número de causas sociales y políticas. Pero existe unanimidad en un asunto: el 93,9% de los españoles está a favor de restringir las páginas de pornografía a menores, según constató el CIS en febrero de 2024.  

Esta oposición no es gratuita. Se trata de un problema que ha ido creciendo y que sitúa a la protección de los menores en el centro del debate social y digital. Hoy, el acceso a la pornografía se inicia a los 8 años y no es un hecho aislado. El 44% de los adolescentes ve pornografía al menos una vez al mes y el 25% de los chicos entre 13 y 18 años ha visto más de mil horas de contenidos sexuales. 

En ocasiones, este consumo tiene también reflejo en las interacciones más allá de las pantallas. Según datos de la asociación Dale una Vuelta el 23% de menores es víctima de peticiones sexuales de adultos en Internet. Y también preocupante: las personas que consumen porno tienen una probabilidad 2,5 veces mayor de agredir sexualmente que quienes no consumen. 

Como decíamos, el acceso de menores a contenidos inapropiados o ilegales ha centrado el debate social y político de España. DigitalES fue la primera asociación del sector en firmar la propuesta del Pacto para la protección de menores en Internet, y cuenta con el apoyo institucional de organismos clave de regulación y supervisión del entorno digital.   

Pero, ¿cómo establecer un mecanismo efectivo que restrinja el acceso del menor a las webs que ofrecen contenidos pornográficos?  No es en absoluto sencillo y, a pesar del consenso que existe respecto a la necesidad y urgencia de implantarlo, nadie ha dado aún con la fórmula perfecta para hacerlo. 

Pero hay una opción que gana peso: el uso de la inteligencia artificial para estimar la edad del usuario e impedir el acceso de menores a contenidos para adultos. Y, si bien ninguna opción es perfecta, esta podría ser la preferida por los usuarios a tenor de las primeras pruebas que se han hecho al respecto. 

Revela El País que una página porno española está probando desde noviembre una solución tecnológica para restringir el acceso de menores a su web. Para ello, pide a sus usuarios que escojan un sistema de verificación de edad para acceder a sus contenidos. La página da dos opciones: primero, una app para verificar la edad introduciendo el DNI. Y segundo, una estimación con IA de edad a partir de una imagen del rostro del usuario.  

Los datos son reveladores. Del 15% que acaba accediendo, un 3,38% hace la verificación con DNI y un 11,7% prefiere la estimación con IA. Son casi cuatro veces los que confían en la inteligencia artificial. O, visto de otra manera, los que prefieren este sistema antes de compartir datos.

No es el único movimiento en los últimos tiempos que apuesta por la inteligencia artificial para verificar la edad. Según publica en su blog oficial, Google quiere empezar probar este año un modelo de estimación de edad basado en aprendizaje automático. De esta manera, la inteligencia artificial estimará si un usuario tiene más o menos de 18 años para aplicar protecciones que ayuden a brindar experiencias más apropiadas para su edad.  

¿Puede la inteligencia artificial convertirse en el árbitro eficaz que decida de forma automática quien puede acceder y cómo a los distintos contenidos de Internet? Es pronto para saberlo, pero no para cejar en los intentos de establecer un sistema justo que garantice el uso de una tecnología sin riesgos, especialmente para los menores. 

Hoy la sociedad se enfrenta, por un lado, al reto de la educación de niños y adolescentes para el uso adecuado de las nuevas tecnologías y, por otro, a la implementación de medidas de protección frente a los riesgos identificados, derivados de la ausencia de criterios de verificación de edad de los menores en el acceso a los contenidos. Atenderlos es una responsabilidad compartida entre padres y familias, sector educativo, administraciones e industria, en su sentido más amplio. 

Los operadores de telecomunicaciones llevan años desarrollando campañas de sensibilización para el uso correcto de la tecnología y ayudando a prevenir los contenidos inapropiados en las redes. Este compromiso se refleja también en acciones relacionadas con la autorregulación, alianzas con la sociedad civil, iniciativas de formación, o la oferta de soluciones de seguridad y control parental para sus clientes. 

Pese a ello, el consumo de contenidos inapropiados no cesa. Urge encontrar un modelo de protección que sea efectivo, y a la vez aceptado por los usuarios. Es una prioridad para DigitalES, y debe serlo para toda la sociedad. Sea cual sea el modelo elegido, debemos poner al menor en el centro de la ley.