DigitalES cree que la fórmula elegida para regularla adaptación al mundo digital de derechos fundamentales genera  y hurta el necesario debate parlamentario sobre las garantías y protección de los derechos de los ciudadanos en el entorno digital.

 

–La industria recuerda cómo en otros países europeos los derechos digitales de la ciudadanía han sido objeto de un debate sosegado  de sus parlamentos antes de aprobar su marco legal.

Madrid, 27 de septiembre de 2018.-

Se trata de la regulación los derechos y libertades predicables al entorno de Internet como la neutralidad de la Red,los derechos a la seguridad y educación digital, así como los derechos al olvido, a la portabilidad o al testamento digital.

Para la responsable de la patronal que reúne a las principales compañías españolas de tecnología “el objeto del Proyecto de LOPD -actualmente debatiéndose en el Parlamento- no debería ser otro que la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento del Parlamento Europeo relativo a la protección de datos personales y la libre circulación de éstos”.

La patronal deja claro a su vez que “no existe oposición alguna” por parte de la industria, ni de la Academia ni dela sociedad civil a una adaptación normativa de los derechos y libertades constitucionales al mundo digital. Sin embargo, la fórmula elegida para regular sobre una materia tan importante para los ciudadanos es imprecisa y poco transparente: “no debería hacerse en el marco de la tramitación parlamentaria de una Ley con un objeto muy concreto y radicalmente diferente”, afirmó la directora general de DigitalES, que destacó además que “organizaciones empresariales y de consumidores ya se han pronunciado en contra de esta forma de abordar derechos digitales por la puerta de atrás”.

La patronal ha recordado que así se ha hecho en otros países europeos:

        

        

      

Por todo ello DigitalES ha hecho saber a los diferentes grupos parlamentarios que tramitan actualmente la adaptación de la LOPD su preocupación ante “la fórmula elegida por el Grupo Parlamentario Socialista para reconocer una serie de importantísimos derechos de los ciudadanos mediante la tramitación parlamentaria de una Ley con un objeto radicalmente diferente, en una Comisión Parlamentaria como es la de Justicia que no ofrece el espacio necesaria para la participación ciudadana y para la reflexión”.