¿Qué obstáculos existen en la gestión de la bonificación por acciones formativas? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo estas bonificaciones adjudicadas?

Para responder a estas preguntas DigitalES celebró un DLearning, exclusivo para socios, al que invitamos a expertos como Natalia Gavilanes, de Airbus, Francisco Javier Cejudo, de grupo Aspasia, Nuria Sánchez de MASORANGE, Iñigo Camuñas, de Telefónica y Juan Carlos Tejeda, de CEOE, para repasar cómo funciona la formación bonificada en España, y qué áreas de mejora necesitamos impulsar para mejorar las competencias y habilidades de los empleados.

Miguel Sanchez Galindo, director general de DigitalES y Javier Miranda, director de Talento y Empleo de la asociación, fueron los anfitriones que presentaron a los participantes en la mesa de debate.

La sesión, que contó con una animada conversación entre todos los asistentes, centró la vista en la necesidad de la actualización administrativa y normativa que regula los procesos de bonificaciones de formación, la mejora de la calidad de los cursos y materias que se bonifican en las empresas, y la necesidad de que la Administración ponga en el centro al trabajador y a la empresa a la hora de diseñar su oferta de formación para el empleo.

Situar a la empresa y al trabajador en el centro del sistema de la formación profesional para el empleo

Entre las principales conclusiones del debate, se destacó la excesiva orientación del marco actual que regula el Sistema de Formación Profesional (FP) para el Empleo hacia los procesos y el control administrativo. Esto ha generado un alejamiento sistémico de las necesidades reales del mercado laboral y de la sociedad. Mientras los avances tecnológicos ofrecen herramientas para integrar la formación en el trabajo en los procesos productivos de las empresas —algo que resulta complicado de bonificar—, la normativa se ha quedado rezagada, incapaz de proporcionar la flexibilidad y personalización necesarias para desarrollar el talento en un entorno empresarial cada vez más competitivo y digitalizado.

Para los expertos de la mesa, este sistema tiene solución, pero requiere de una transformación profunda: rediseñar los procesos, automatizarlos, y enfocar los recursos humanos en apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), especialmente a las microempresas, que constituyen el eslabón más vulnerable del sistema. Hasta que no se elimine gran parte de la burocracia, será muy difícil que este segmento empresarial pueda incorporarse plenamente al sistema de formación profesional.

Las claves del éxito son la flexibilidad y la personalización, características que ya han sido adoptadas con éxito en otros servicios públicos y privados a través de soluciones digitales. Resulta incomprensible que, tras 25 años, no se haya impulsado una transformación real del sistema que permita a las empresas acceder al crédito disponible sin restricciones innecesarias.

El debate sobre el fraude, aunque relevante, no debe ser un obstáculo para la evolución del sistema. Este problema debe abordarse con recursos especializados que no solo vigilen el correcto uso de los fondos de las bonificaciones, sino que también prioricen la calidad de la formación. Lamentablemente, el marco actual ha incentivado, en muchos casos, la contratación de servicios formativos de bajo coste, con escaso impacto en la cualificación real de los trabajadores.

Estamos en un momento decisivo. No se trata únicamente de un asunto empresarial o laboral, sino de una prioridad nacional. En un contexto de indicadores macroeconómicos poco favorables, es urgente apostar por un modelo de formación continua que permita a nuestras empresas y trabajadores competir en un entorno global. La transformación del Sistema de FP para el Empleo no es opcional; es una necesidad para garantizar el futuro económico y social de nuestro país.

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