Vivimos en una era donde la tecnología se ha convertido en un pilar fundamental para el crecimiento económico y la transformación social. El sector tecnológico en España ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, generando empleo, atrayendo inversiones y contribuyendo a la prosperidad económica. Sin embargo, para asegurar un desarrollo sostenible, es imprescindible abordar los desafíos que amenazan la innovación y la competitividad.

El sector tecnológico no solo es uno de los tractores de la economía de un país, también es protagonista transformando todos los demás sectores, desde la industria hasta el comercio y los servicios. En 2022, este sector representó el 4,8% del PIB español y generó más de 1,2 millones de empleos, lo que evidencia su impacto en el crecimiento económico del país. 

Podemos observar claramente este fenómeno en la adopción de tecnologías disruptivas, como el 5G, que se espera se despliegue de manera generalizada en 2024. En total, los operadores han destinado unos 1.500 millones de euros en las distintas licitaciones para las frecuencias que permitirán ofrecer 5G a pleno rendimiento. 

Esta tecnología busca convertirse en esa piedra angular sobre la que se desarrolla el proceso de transformación digital de industria y empresas, y esto no es únicamente por la mejora significativa en la capa de conectividad propiamente dicha, sino porque introduce un cambio disruptivo en la arquitectura de la solución con una clara transición desde el entorno telco tradicional a un entorno con el software como elemento principal, y una fusión entre las comunicaciones y las tecnologías de la información (IT).

Una de las consecuencias que traerá la adopción generalizada de 5G será el auge del Internet de las cosas (IoT) que ya está dejando una huella significativa. Se anticipa que el número de dispositivos conectados superará los 80 mil millones en 2024, lo que supone una oportunidad sustancial para las empresas.  

Nos encontramos, además, con un factor determinante para una digitalización exitosa como es la expansión de la banda ancha fija. El despliegue continuo de la red de banda ancha, impulsado por la creciente demanda y respaldado por la regulación europea, busca llevar la conectividad de alta velocidad a áreas con acceso limitado, especialmente en zonas rurales. Esta iniciativa, que en España se ha sustanciado en el programa de Universalización de Infraestructuras para la Cohesión (UNICO), no solo impulsará el crecimiento económico, sino que también reducirá la brecha digital, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a las oportunidades que la tecnología ofrece. 

En cualquier caso, todos estos avances tecnológicos también plantean desafíos y se enfrentan a obstáculos. Y uno de los más evidentes es la complejidad regulatoria, que actualmente se presenta como una hiperregulación fragmentada. En España, nos enfrentamos a una carga tributaria del 6,6% en el sector de las telecomunicaciones, la más elevada de la Unión Europea. Esta situación se ve agravada por otras cargas específicas del sector, lo que crea un ambiente poco propicio para la inversión y la competencia. Es esencial establecer un marco normativo e institucional que sea justo y equilibrado, fomentando la inversión y la innovación, al tiempo que permite a las empresas competir y contribuir a la generación de riqueza y empleo con una carga fiscal adecuada. 

Apremiante es también otro de los retos que más preocupa al sector, y que tiene que ver con la demanda de profesionales cualificados. La brecha de empleo digital está en constante aumento, y la implementación exitosa del 5G, el IoT o la IA, depende de contar con profesionales y especialistas capacitados. En un estudio de DigitalES, descubrimos que la brecha de empleo en perfiles TIC se estima en 120.400 empleos sin cubrir. Identificamos 61 empleos emergentes con crecimientos de la oferta superior al 200% entre 2019 y 2022, que agregan más de 11.500 ofertas de empleo. Esta será una de las batallas más exigentes por cuanto implica a toda la sociedad y al conjunto de los poderes públicos: la educación y formación desde edades tempranas para crear los perfiles profesionales que demanda el mercado laboral.

Por otra parte, algunas de las tendencias que vemos para los siguientes años pasan por la consolidación del sector. El sector de telecomunicaciones está experimentando una consolidación significativa a medida que las empresas buscan reducir costes y mejorar la eficiencia. Europa necesita buscar una estructura de mercado sostenible que genere las condiciones adecuadas para la existencia de operadores de telecomunicaciones fuertes y solventes, con capacidad de competir en un escenario global, buscando un equilibrio entre tener una competencia sana y la capacidad de seguir siendo vanguardia en desarrollo tecnológico y penetración de nuevos servicios.

En resumen, podemos decir que España se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar al máximo la revolución tecnológica. Sin embargo, para garantizar un crecimiento sostenible, es esencial simplificar los procesos administrativos y la compleja regulación; promover un mercado fuerte para la inversión y la innovación, y trabajar en acortar la brecha de empleo digital.   

Debemos ambicionar una digitalización que no amplifique las desigualdades, sino que, por el contrario, sea un catalizador equitativo de nuevas oportunidades. Y podemos hacerlo posible valiéndonos de la hoja de ruta que marca la Comisión Europea para esta década, por la que el 80% de la población deberá contar con capacidades digitales básicas, más del 90% de las pymes deberán haber iniciado su transformación digital, y al menos el 75% de las empresas utilizará el cloud, la inteligencia artificial y el big data. 

Solo con el impulso conjunto del sector público y privado podremos avanzar como país en una futuro digital y tecnológico sostenible.